Feminicidio | Justicia para Orlis Daniela Castillo Mayo y su madre Yusmila Mayo Ruiz

Orlis Daniela Castillo Mayo, de tan solo 9 años, fue asesinada el pasado 20 de junio de 2025, su madre, Yusmila Mayo, un año antes.

La violencia feminicida sigue dejando sus huellas en las familias cubanas, y más aún en una sociedad donde no se previene ni se repara el daño a las víctimas indirectas, como los niños y niñas huérfanas a causa de estos crímenes. La trágica historia de la niña Orlis Daniela Castillo Mayo, de tan solo 9 años, es el ejemplo de este ciclo de violencia y abandono. El 20 de junio de 2025, Orlis fue asesinada por un vecino en Grito de Yara, Granma, un crimen que los observatorios de OGAT y YSTCC han clasificado como un feminicidio social, dado que fue perpetrado por un conocido con extrema crueldad. 

Este asesinato ocurrió en un contexto de falta de protección institucional para las víctimas, especialmente los niños y niñas que sobreviven al feminicidio de sus madres.

Orlis Daniela había encontrado el cuerpo de su madre, Yusmila Mayo Ruiz, víctima de feminicidio en 2024, en Las Tunas. 

“La historia terrible de esta pequeña no es tragedia ni destino, es la consecuencia de una sociedad rota y un Estado feminicida, que se niega a proteger las vidas de las mujeres y las niñas”, escribieron los observatorios independientes en un comunicado.

Según datos oficiales, publicados por la Federación de Mujeres Cubanas en su observatorio, 70 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos a causa de estos crímenes de violencia de género en 2024. En 2023 el registro fue de 38. Esta cifra solo se ajusta a los casos que fueron juzgados en 2024 (76) así que los números indican un desfase temporal respecto a la fecha de los crímenes,

Ante el feminicidio, la estrategia del régimen es punitivismo

El régimen cubano sigue centrando sus esfuerzos en la aplicación de castigos punitivos. No aborda de manera efectiva las verdaderas necesidades de las víctimas de violencia de género ni promueve medidas preventivas adecuadas. 

En lugar de establecer refugios, ofrecer apoyo psicológico, legal y social, o destinar fondos para la reconstrucción de las vidas de las mujeres afectadas, el régimen solo responde con sanciones ejemplarizantes cuando el crimen ya se ha cometido, y ni siquiera completamente ya que los propios observatorios han documentado casos que feminicidas reincidentes. 

Un claro ejemplo de esto fue el juicio realizado el 27 de junio de 2025, en Las Tunas, donde se sancionó a un hombre por el asesinato de su expareja, madre de sus hijos. 

28 años de privación de libertad para un feminicida

“Las pruebas practicadas confirmaron la culpabilidad del ciudadano en esta causa y se le impuso como sanción principal 28 años de privación de libertad. El comisor del delito ha sido sancionado con anterioridad por otros hechos”, se pudo leer en el Periódico 26.

Aunque no se compartieron las identidades de las víctimas (ni las directas ni las no mortales), según la descripción del hecho podía coincidir con el feminicidio de Katia Ortiz Figueredo. Esta cubana de 25 años de edad fue agredida por su expareja el 5 de junio de 2024. El victimario, quien contaba con antecedentes de violencia machista contra ella, la asesinó en la vía pública de la ciudad de Las Tunas.

Al asesino de Katia “como sanciones accesorias, se le aplicó la privación de los derechos públicos, regulado en el Artículo 42.1 de la Ley 151 del 2022 Código Penal y la prohibición de solicitud de pasaporte y salida del territorio nacional durante el cumplimiento de su condena, estipulado en el Artículo 59 del propio texto legal. Además, debe indemnizar, por concepto de pensión alimentaria, a cada menor de edad hasta que arriben a la mayoría de edad o culminen los estudios”, señaló el periódico oficialista. 

Este juicio formó parte del Tercer Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito. La exposición pública de esta condena representa solo una respuesta punitiva más del régimen. Este gesto no será acompañado de medidas preventivas reales ni de un enfoque integral para la protección de las mujeres en la sociedad cubana.